Hoy por la noche, en un paseo de hora y media a 4º con un jurista, hemos hablado del impeachment de un presidente de Estados Unidos. ¿Para ello es necesario que cometa un delito o no?
Cuando hemos vuelto a casa, él y yo hemos mirado varios textos legales. La cosa está clara: diga lo que diga la Constitución, un Presidente será juzgado si la mayoría de los congresistas considera que debe ser juzgado.
No importa que no haya cometido ningún delito. Si dos tercios del Senado le condena, será removido del puesto de Presidente. No hay ningún poder constitucional en Estados Unidos que pueda frenar legalmente ese proceso de destitución; y eso incluye al Tribunal Supremo.
Sobre este asunto hay distintas opiniones jurídicas. Pero resulta evidente que si el Tribunal Supremo pudiera anular un proceso de impeachment, eso significaría que el veredicto no depende realmente del Senado, sino del Senado ratificado (tácitamente o no) por el Tribunal Supremo. Y la Constitución deja claro que es sólo el Senado el que emitirá un veredicto.
Sería muy bueno, de todas maneras, que la posible interacción del Tribunal Supremo frente al Congreso y el Senado quedara perfectamente establecida por la Ley sin esperar a que surja un problema. En mitad de la tormenta es cuando no hay serenidad en la mente para buscar la solución legalmente más justa. Éste es un asunto que debería quedar perfectamente regulado.
Como se ve, siempre hay hilos sueltos en todo ordenamiento legal. Y éste, desde luego, no es un hilo suelto menor.
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