El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que reconoce el derecho a pensión de viudedad española a las dos mujeres casadas con un soldado marroquí polígamo. Esta sentencia rectifica la decisión adoptada por la Seguridad Social y por el primer tribunal que conoció el caso, que solo reconocían el derecho a la primera mujer, considerando —conforme a la propia doctrina anterior del Tribunal Supremo— que la bigamia es un delito en nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, reconocer a esa situación efectos jurídicos atentaría contra la concepción española del matrimonio y contra la dignidad constitucional de la mujer. Dos magistrados de la sala suscribieron voto particular en contra del parecer mayoritario de la sala, considerando que la aplicación de este criterio interpretativo ataca nuestra cultura y nuestro sistema de valores, va en contra de la dignidad de la mujer y abre brechas que debilitan nuestras señas de identidad.
La Constitución Española se limita a afirmar, en su artículo 32, que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. Y el Código Civil, en el 44 y siguientes, establece los requisitos, forma de celebración y efectos. Pero no existe una definición legal de matrimonio. Esto es así porque, en nuestra cultura, nunca ha sido necesaria tal definición legal: todos sabían lo que era un matrimonio desde el Derecho Romano hasta nuestros días. La definición del matrimonio dada por juristas romanos como Ulpiano o Modestino difería más bien poco de la que en el siglo veinte formulaba Castán: “la unión legal de un hombre y una mujer para la plena y perpetua comunidad de existencia”. Esta idea de matrimonio ha servido de cimiento al progreso de la sociedad occidental durante siglos, sustentando también un determinado concepto de familia que —como célula básica de la sociedad— ha configurado nuestra civilización.
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