Perú sacudida por los obispos infieles

Del Vatican Insider

La Iglesia católica del Perú está siendo sacudida por un aluvión a causa de dos obispos infieles. Uno, el ordinario castrense Guillermo Abanto Guzmán, dejó de manera imprevista su puesto en julio. El otro, Gabino Miranda, fue retirado y está siendo investigado por El Vaticano por supuestos abusos contra menores. Pero él, obispo auxiliar de Ayacucho, negó las acusaciones en su contra y dobló la apuesta, en una dura carta.

El 20 de julio el Papa aceptó la renuncia “por causas de fuerza mayor” de Abanto Guzmán. La Santa Sede no dio mayores explicaciones, pero menos nueve meses había durado ese obispo en su puesto. Su designación tiene fecha de octubre de 2012. Finalmente se supo que su problema era de faldas, con hijo y proceso judicial incluido. Pero su caso pareció una anécdota comparado con el de Miranda, de 53 años, que es ya un escándalo.

El 24 de mayo la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede emitió un decreto con el cual se determinó el cese inmediato de sus obligaciones y se le prohibió el ejercicio de sus funciones como obispo auxiliar de Ayacucho, cargo que ocupaba desde el año 2004.

De repente y sin publicidad el clérigo dejó su ministerio. Sus datos y referencias desaparecieron de la página de internet del Arzobispado. Pero en los ambientes eclesiásticos su situación era ya un secreto a voces. Era cuestión de tiempo para que explotara la bomba. Y así ocurrió.

El primero en aceptar la situación fue Luis Bambarén, obispo emérito de Chimbote, quien lamentó lo sucedido y agregó: “No hay que ocultar, de manera que si el bien debe relucir el mal no se puede estar tapando".

La prensa disparó contra el arzobispo de Lima Juan Luis Cipriani Thorne. Aunque el pastor de Ayacucho y directo superior de Miranda es Salvador Piñeiro García-Calderón, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

El cardenal quedó en medio de la polémica porque el obispo acusado de abusos es muy cercano al Opus Dei, la prelatura de la cual Cipriani es referente indiscutido. Poco después de conocida la noticia, la oficina de prensa de “la Obra” emitió un comunicado para aclarar que Miranda nunca estuvo incardinado en el clero del Opus, aunque sí perteneció a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, una fraternidad que es parte de la prelatura.

La nota aclaró también que nunca “nadie tuvo sospechas” sobre el comportamiento del clérigo y estableció que, como sucede con cualquier obispo, los órganos competentes son su diócesis y la Santa Sede.

Por su parte desde Roma, donde este lunes 23 de septiembre fue recibido en audiencia por el Papa, Cipriani hizo su descargo. “Yo diría que en estos temas de pedofilia la iglesia exige una transparencia muy grande y una justicia muy grande. No sé qué tendrá que decir el interesado. Es muy dolorosa una situación de este tipo, pero por otro lado creo que las personas tienen derecho a defenderse", afirmó al pedir que “no se haga leña del árbol caído".

Pero quien parece no estar dispuesto a convertirse en leña es el propio Gabino Miranda, quien negó las acusaciones en una dura carta dirigida al secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, el 1 de julio.

En la misiva el obispo denunció un supuesto mal manejo en el proceso eclesiástico en su contra conducido por los tribunales vaticanos. Reconoció que en una carta enviada el 11 de febrero (el día de la renuncia de Benedicto XVI), le confesó al Papa haber cometido “imprudencias” pero aseguró que “tales supuestas faltas, no pueden ser tipificadas de delitos".

Calificó como “desproporcinado” su cese del ministerio episcopal mientras se le realiza un juicio canónico y apuntó: “Desconozco los delitos que se me acusa, desconozco la procedencia de los denunciantes y la jurisdicción y la época en la cual se cometieron los supuestos delitos".

Ahora que el escándalo es público, Gabino no sólo deberá hacer cuentas con la justicia eclesiástica sino también con la civil porque la Fiscalía Provincial Penal de Ayacucho anunció la apertura de una investigación, para la cual ya pidió documentos al Vaticano.

Serafines susurran.- Que finalmente el arzobispo de Ayacucho Piñeiro se pronunció sobre el caso este 26 de septiembre, mediante un comunicado emitido tras su regreso de Estados Unidos donde lo sorprendió el escándalo público.

Según el propio clérigo apenas el 5 de julio le fue notificado verbalmente “por la Nunciatura Apostólica (de Lima) sobre la decisión del Santo Padre Francisco de imponer la pena de dimisión al Sr. Gabino Miranda Melgarejo, por pecados contra el sexto mandamiento, en proceso sujeto al Secreto Pontificio".

“La sanción que ha aplicado la Santa Sede al Sr. Gabino Miranda Melgarejo es la más rigurosa de las penas para un clérigo: la pérdida total del estado clerical", indicó tras aclarar que “durante los dos años que estoy como Arzobispo de Ayacucho nunca he recibido una denuncia contra él".

Además el arzobispo anticipó que apoya “al Ministerio Público, que de oficio ha iniciado un proceso de investigación, para que la verdad sea conocida". Y pidió “a los hijos de la Iglesia comprender el dolor que todos sentimos por este hecho y ruego sus oraciones para que seamos sacerdotes y fieles según el corazón de Cristo".

Hace bien Piñeiro en confirmar que la sanción a la cual se sometió al obispo Miranda fue la más dura posible. Aunque no quiso explicar las razones de tal sanción ni entrar en detalles, sus mismas palabras dejaron en claro que el asunto reviste una gravedad superlativa. Y es así. Porque si bien nadie (ni en Perú, ni en Roma) quieren llamar a las cosas por su nombre, lo cierto es que la “reducción al estado clerical” sólo puede ser impuesta tras un proceso canónico. Un juicio eclesiástico, pues.

La autoridad no puede emitir un decreto sin haber, antes, cumplimentado todos los procedimientos jurídicos necesarios. Y esto implica haber investigado denuncias, haberlas considerado verosímiles, haber recogido los testimonios y haber recibido una defensa del imputado. El mismo ex auxiliar de Ayacucho sostuvo, en la carta arriba citada, haber enviado al Papa una explicación al respecto en una misiva del mes de febrero. En la misma se defendió diciendo que considera a “sus imprudencias” -las cuales reconoce- “no tipificables” bajo el delito de abusos contra menores.

En realidad eso no significa nada. ¿Desde cuándo toca a los imputados decidir qué es delito y qué no, de sus acciones? El argumento no cuela, ni en la justicia civil ni en la canónica. Lo cierto es que Gabino Miranda siempre supo que los tribunales vaticanos habían decidido procesarlo y las razones de la acción judicial. Es claro que las pruebas recogidas fueron tan contundentes como para imponerle la pena más dura. Una sentencia que se ha aplicado sólo en los casos más extremos.

Está entre los derechos del obispo Miranda interponer un recurso de revisión. Apelar el fallo, en síntesis. Deberá aportar pruebas más que contundentes si desea que se revoque una sanción emitida sí por un tribunal de la Santa Sede, pero a instancias directas del Papa.