Ignacio Aréchaga comenta en Aceprensa:
Hay situaciones en que los gobiernos no tienen más remedio que adoptar medidas impopulares, porque la economía, la situación sanitaria, el medio ambiente o cualquier otra emergencia así lo exigen. La exigencia de sacrificios puede tener un coste electoral, pero la habilidad del político es saber explicar la razón de ser de esas medidas y los beneficios que se esperan.
Lo que ya se entiende menos es que algunos gobiernos se empeñen en ir contra el sentir mayoritario de la población en asuntos que tienen que ver con concepciones de la vida como es el matrimonio y la familia. Aquí no hay unos imperativos económicos o técnicos que obliguen a determinadas soluciones y hagan inviables otras. En este caso, lo propio de un político responsable es captar la voluntad mayoritaria del pueblo sobre el modo de estructurar unas instituciones que afectan a todos. El gobierno puede ir en contra de esta voluntad, pero entonces será un acto de despotismo ilustrado, no una exigencia democrática.
En tal caso no es extraño que esas decisiones le pasen factura en las urnas. Es lo que ha ocurrido en las elecciones presidenciales y generales de Costa Rica del pasado 4 de febrero. Al final de su mandato, el gobierno saliente de Luis Guillermo Solís planteó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si la Convención Americana sobre Derechos Humanos incluía el reconocimiento del cambio legal de sexo de los transexuales y la legalización del matrimonio de parejas del mismo sexo. Haciendo una interpretación “expansiva” de los derechos humanos, la Corte respondió el pasado 9 de enero que sí, e incluso presentó lo que era una opinión consultiva como un fallo obligatorio para todos los países parte de la Convención. El supuesto carácter vinculante de este pronunciamiento está siendo muy discutido.
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