En uno de mis paseos con un amigo jurista, planteé una cuestión constitucional. Imaginemos la siguiente situación: el Senado de Estados Unidos va a votar el impeachment del Presidente de esa nación sin ninguna transgresión de la Ley por parte de él. El mismo Senado reconoce que la votación se va a producir porque considera que el Presidente no porque haya cometido algún delito, sino porque no ejecuta adecuadamente sus funciones. El asunto se lleva al Tribunal Supremo, y sus jueces determinan que no se puede llevar a cabo el impeachment si no hay algún tipo de delito por pequeño que sea.
Entonces el Senado responde: muy bien, ustedes dicten lo que deseen, nosotros vamos a seguir adelante con el impeachment. Ustedes pueden sentenciar lo que quieran dado que no tienen poder coercitivo para llevar a cabo sus sentencias.
¿Qué sucedería en una situación en la que el Presidente está removido de su cargo, el Tribunal Supremo ha determinado que esa remoción es inconstitucional, y el Vicepresidente ha asumido el poder y no va a hacer cumplir la sentencia de los jueces?
Concluimos que, en una situación así, la sentencia de los jueces por justa que sea no tendría que quién la hiciera cumplir. La misma autoridad que tendría que hacerla cumplir, el Poder Ejecutivo, de hacerlo perdería su propia autoridad. Con lo cual quedaría si no hay voluntad de ello, la sentencia quedaría sin efecto.
En mi opinión, el único poder de la nación capaz de hacer cumplir el ordenamiento constitucional (si así lo dictaminara el Tribunal Supremo) sería el Ejército. En ese momento, el Ejército sería el único poder con capacidad para erigirse en guardián del orden constitucional. Aunque la Constitución de Estados Unidos no le reconoce ningún papel en ese campo, de hecho sería el único poder capaz de hacerlo.
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