Del Vatican Insider (ITA)
La Jornada Mundial de la Juventud de Río está a salvo. Aunque en los últimos días su realización estuvo en riesgo. Todo por causa de una polémica sobre el origen de los recursos con los cuales se cubrirá la atención sanitaria a los peregrinos que asistirán a la cita con el Papa Francisco en Brasil, prevista del 23 al 28 de este mes.
Desde el principio el alcalde de Río, Eduardo Paes, aseguró que los recursos serían aportados por el tesoro de la ciudad. Pero la fiscalía buscaba anular esa promesa argumentando que la Jornada es un “evento privado” y, por lo tanto, no puede ser financiado con recursos estatales.
La maniobra judicial generó tensión entre los organizadores, sobre todo después de las manifestaciones públicas que lograron echar a perder la reciente Copa Confederaciones de fútbol. Ya existía preocupación por la seguridad durante la visita del Papa y el conflicto por los servicios médicos complicó las cosas.
Por ello el comité organizador respondió mediante un comunicado en firmes términos. “El Ministerio Público, regularmente informado, insiste en ignorar que los diversos pedidos para lograr la JMJ 2013 en Río fueron formulados, por escrito, por el el gobierno federal (suscrito por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva y ratificado por la presidenta de la República, Dilma Roussef), por el gobierno del Estado y por la Prefectura de Río de Janeiro", indicó.
Advirtió que la acción judicial podía obligar a la “cancelación total o parcial de los eventos que integran el programa” de la Jornada e insistió que la petición de la fiscalía no tomó en cuenta que la Jornada es comparable a otros grandes eventos previstos en Brasil, como la Copa Mundial de Fútbol 2014 y las Olimpiadas de 2016.
Por lo delicado de la controversia la justicia brasileña le dio atención inmediata. Finalmente el jueves 11 la juez responsable, Roseli Nalin, determinó suspender la impugnación del Ministerio Público y concedió la razón a los organizadores de la JMJ, aunque su sentencia de primer grado aún puede ser apelada.
“La separación entre Iglesia y Estado no puede absolver al municipio a costear determinados servicios que serán dados a los participantes del evento, aunque el mismo tenga connotación religios. La referida conducta no significa ningún tipo de desvío de fondos, ni tampoco confunde Estado e Iglesia”, indicó la magistrada.
Y previó que el negar la atención sanitaria a los peregrinos “puede generar un escenario de absoluta inseguridad y descrédito al país, además de perjudicar miles de personas que vendrán a Río de Janeiro para participar del evento con la certeza de que habrá servicios destinados".
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