Prosigo el post donde lo dejé el último día. Imaginemos que, en el desarrollo de un proceso eclesiástico, uno tiene la sospecha de que un fiscal de la justicia civil puede exigir (y hasta requisar) las actas del proceso canónico. Desde el momento en que cabe una verdadera posibilidad de que eso suceda, el imputado es consciente de que toda su declaración ante la Santa Madre Iglesia puede acabar en manos de los jueces civiles para ser usado en su contra. ¿Qué hacer en un caso así?
¿Cómo declarar la verdad ante tres jueces eclesiásticos si uno es culpable, pero ha sido declarado inocente previamente por la justicia civil? Lo que declare puede tener efectos retroactivos. De esto ya ha habido un precedente en esa línea que no voy a explicar aquí.
Otra posibilidad es que de ningún modo la justicia civil sospeche de alguien y que, requisando los informes de un obispado, descubra que alguien se ha incriminado de un delito, confiando en el carácter eclesiástico de ese proceso.
Sé que un proceso eclesiástico se detiene a la espera de los resultados de un proceso civil, pero no deja de haber, en este tablero en el que se producen numerosas combinaciones, casos en los que actuar transparentemente en el foro eclesiástico puede tener evidentes y graves consecuencias en el foro civil.
Razón por la cual me atrevo a sugerir que nunca se pida juramento al imputado en un proceso eclesiástico. Ya he manifestado (y con total claridad) mi opinión sobre el tema de la mentira en cualquier ámbito. Pero considero que hay razones no despreciables para considerar que el acusado en un proceso eclesiástico merece los mismos derechos que en un proceso civil penal. Los testigos sí que deben jurar, pero al imputado es mejor que no se le pida tal cosa. No digo que no se le exija, es preferible ni pedírsela.
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