Me van a permitir poner un ejemplo. Es obligación por ley inscribir a los recién nacidos en el registro civil correspondiente. Imaginen que en algún caso no se hizo y se encuentran con un mozo de veinte años sin inscribir. ¿Qué se hace en ese caso? Pues acudir a un procedimiento legal establecido para realizar lo que se denomina inscripción fuera de plazo y que tiene perfectamente claros sus trámites. A nadie se le ocurriría decir que los padres de ese mozalbete lo han robado. No. Han hecho a los veinte años lo que no se llevó a cabo en su momento.
Los bienes raíces, edificios y terrenos, pertenecen a alguien. En la inmensa mayoría de los casos, esa propiedad viene avalada por la escritura de propiedad y por la inscripción del bien en el correspondiente registro de la propiedad. Puede suceder, de hecho sucede, que hay bienes que no disponen de esa documentación por la razón que sea. En esos casos, el derecho también tiene perfectamente determinados el procedimiento y los trámites de lo que se llama un expediente de dominio. Hay casos clarísimos, como la huerta del señor Manolo, que todo el mundo sabe que es suya desde sus tatarabuelos, pero que la escritura se perdió y nunca se llevó al registro. Sin problemas. Tramitación, documentos, testigos, escritura y registro. La huerta del señor Manolo ya tiene papeles.
Otros bienes son sujeto de litigio porque mira por donde la propiedad de la huerta sin escritura se la disputan Manolo y Facundo. Los tribunales decidirán vistas las pruebas pertinentes, y cuando haya sentencia, lo dicho: escritura y registro.
Muchos bienes supuestamente de la Iglesia Católica jamás se escrituraron. Por desidia, porque no se consideró necesario o porque nadie dudaba de que eso era de la Iglesia. Es decir, muchas propiedades “sin papeles”. El resultado ha sido que donaciones, fincas, edificios que en su momento se donaron a la Iglesia Católica en favor de una parroquia, una capellanía, obra pía o memoria, al no tener respaldo documental, poco a poco han sido acaparadas por ayuntamientos, sobre todo, con el simpático argumento de que eran “cosas del pueblo”. Cualquier párroco rural conoce casos. Yo los conozco.
¿Quién iba a poner en duda que el templo parroquial, la casa parroquial, la ermita y el prado de San Juan, que se donó para el culto al santo, como todos sabían, eran de la Iglesia? Hasta que alguien dijo que sí había duda, y que el templo parroquial, la casa parroquial y la ermita de san Segundo no eran de la Iglesia sino del pueblo, es decir, del ayuntamiento. No solo eso, casos hay, y conozco alguno, en que el ayuntamiento, poquito a poquito, y como no había papeles, fue inmatriculando a su favor cosas que se sabían de la Iglesia desde siempre.
La inmatriculación de bienes de la Iglesia no es precisamente un robo al pueblo, es decir, al ayuntamiento correspondiente. Todo lo contrario. Es garantizar, por medio de escritura y registro, que lo que es de la Iglesia es de la Iglesia y se donó para sus fines propios, y no para que ayuntamiento correspondiente se hiciera con la propiedad.
Cuando la señora Romualda, allá en el siglo XVIII, donó una tierra para el culto al Cristo de su pueblo, quiso que los beneficios de la misma se emplearan en el Cristo, no que el ayuntamiento se la apropiara para levantar sobre ella un salón social municipal. Cuando los vecinos de Valdetaludes colaboraron para la ermita de la patrona, lo hicieron para el culto de la Virgen, no para ver en su ermita un centro de interpretación de aves rapaces.
Dicen que la Iglesia está inmatriculando bienes a su nombre. Claro, como cualquiera. Si a mí me toca una viña de mi padre, y la viña no tiene documentación, ya me encargaré de conseguir escritura y registrar la propiedad, aunque algún cenutrio me diga que, siendo servidor cura, la viña es del pueblo. Que se ande con cuidado que le mando al Socio.
La Iglesia católica, con la ley en la mano, está haciendo algo básico y que lo triste es que no se haya hecho hasta ahora: conseguir que no haya una sola propiedad “sin papeles”, que todo tenga su documentación, para no andarnos con líos. En principio parece que catedrales, templos parroquiales, ermitas, santuarios, casas rectorales, tienen todas las papeletas para ser considerados propiedad de la Iglesia católica sea a través de obispados, parroquias o asociaciones y fundaciones piadosas.
¿Y si no de la Iglesia, de quiénes son las propiedades? ¿Del pueblo? Imposible, ese señor no tiene CIF. ¿Entonces? Del ayuntamiento, es decir, una nueva desamortización, pero sin perendengues para llamarlo así. Y si en algún caso hay dudas, o algo se hizo mal, recúrrase a los tribunales, y que ellos dictaminen. Ya se ha hecho con la catedral de Córdoba.
Pues esto es lo que hay. No creo que sea tan complicado de entender, a no ser por mala voluntad. Y mira que me lo barrunto…
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