Del Vatican Insider
Un “colegio especial” formado por siete miembros. Cardenales y obispos que se dedicarán a estudiar las apelaciones en los juicios contra sacerdotes por delitos graves. El Papa decidió crearlo “después de una profunda reflexión”. El nuevo organismo servirá para aligerar la “fuerte carga” de recursos de revisión presentados por presbíteros condenados, entre otras cosas, por abusos sexuales contra menores. Pero también responde a una polémica en torno a los jueces vaticanos artífices de la más grande “limpieza” en la Iglesia católica de las últimas décadas.
Estos crímenes son cometidos contra la fe, por ejemplo el sacrilegio; contra los sacramentos, la “absolución de cómplice” o la solicitud de un sacerdote de cometer un pecado grave con quien está siendo objeto de una confesión; y contra la moral, es decir los abusos contra menores. Aunque las tres tipologías serán competencia del nuevo colegio el portavoz vaticano, Federico Lombardi, aclaró que la gran mayoría de los casos que recibirá corresponden a abusos.
El sacerdote jesuita explicó también que el motivo principal del establecimiento del colegio es la acumulación de trabajo que tiene la Sección Ordinaria de la Doctrina de la Fe, también llamada Feria IV. Conformada por cardenales y obispos miembros de la Congregación, sesiona una vez por mes (los jueves, de ahí su nombre).
Entre sus competencias se incluye abordar las apelaciones contra las sentencias emitidas en primera instancia por delitos graves. Según Lombardi, tal es la mole de recursos que la Feria está obligada a considerar cuatro o cinco casos cada vez que se reúne. Además refirió que existen procesos atrasados a los cuales es necesario dedicarles tiempo.
“(El Colegio) analizará estos recursos, de modo que no deban ser estudiados por la Feria IV en plenitud y se aligerará el trabajo. Es una decisión muy bienvenida por todos los que siguen este tema y también por parte de la congregación”, agregó el portavoz.
En varios puntos del “Rescriptum” papal resulta claro y evidente que el Colegio será “una instancia” de la Feria IV pero no la sustituirá y tampoco serán modificadas las competencias de esta última en la materia. De hecho, el texto indicó que si el acusado es un obispo, su recurso será turnado directamente a la Sección Ordinaria sin pasar por el nuevo órgano colegiado. Lo mismo ocurrirá con “casos particulares” que a juicio del Papa lo requieran.
Así las cosas, el apenas creado Colegio fungirá –en la práctica y salvo en casos especiales- como un segundo grado de juicio, autónomo y distinto a la estructura actual de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Esto no resulta secundario. Desde el inicio de su pontificado el Papa recibió comentarios y quejas (incluso de cardenales) según las cuales no existe la certeza de una verdadera independencia en los procesos canónicos cuando la Doctrina de la Fe los conduce en primer grado y ella misma determina si acoger o no los recursos contra las sentencias dictadas. Los quejosos subrayaron la necesidad de asegurar dos grados de juicio con colegios diferentes, para mayor tutela de los imputados.
En realidad, aunque las dos instancias que procesan los casos se encuentran dentro de la misma Congregación, realizan un trabajo autónomo, diferenciado y serio. Se trata del mismo sistema permitió, de 2001 a la fecha, quitar el sacerdocio a más de cuatro mil culpables de abusos y echar luz sobre escándalos como el de Marcial Maciel.
Pero las observaciones críticas no fueron ignoradas por el Papa, quien comenzó una serie de consultas. En septiembre de 2013 abordó el tema durante un Consistorio. En esa ocasión interrogó a purpurados de la Curia Romana sobre la posibilidad de crear tribunales eclesiásticos nacionales o regionales especializados en delitos de abuso. Y barajó la hipótesis de designar a la Signatura Apostólica como tribunal de apelaciones.
Las respuestas no fueron positivas. Cambios a gran escala en este delicado tema no sólo podían debilitar la acción de la Doctrina de la Fe, también podían ser entendidos como un mensaje de laxitud en una asunto en el cual el Vaticano se juega la credibilidad internacional.
A final de cuentas Francisco se convenció que, para solucionar el problema, lo mejor sería establecer un nuevo organismo dentro de la estructura existente. Y pensó en una “comisión”. Así lo comunicó, de manera indirecta, seis meses atrás. Exactamente el 19 de mayo, cuando el Vaticano informó que el entonces arzobispo de Rosario (Argentina), José Luis Mollaghan, dejaba su puesto para sumarse a una no bien definida “comisión en vías de establecimiento”.
Finalmente no fue una comisión, sino un Colegio. Ya creado pero que carece de reglamento operativo interno y sus miembros aún deben ser nombrados por el Papa. Ni siquiera es seguro que Mollaghan forme parte de él. Por ahora sólo se sabe que ese Colegio no será únicamente consultor. Tendrá la facultad de dictar sentencia y, si amerita, echar abajo condenas ya emitidas.
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