Corría el mes de julio de 2011. La organización La Alameda sacudió a la opinión pública argentina con una denuncia contra el juez de la Suprema Corte de Justcia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni. La presentación judicial acusó que en 6 de los 15 departamentos propiedad del letrado se ejercía la prostitución. En ese tiempo la asociación era precedida por Gustavo Vera, un activista por los derechos humanos que ya por esas fechas trabajaba codo a codo con el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires.
Zaffaroni sigue siendo integrante del máximo tribunal argentino. Su nominación a ese órgano colegiado se debe al ex presidente, Néstor Kirchner. Por esta razón no pocos analistas lo consideran un “kirchnerista” funcional al gobierno todavía en funciones, esta vez dirigido por la esposa del difunto mandatario y también presidente, Cristina Fernández de Kirchner.
El juez respondió a la denuncia de La Alameda explicando que, como no podía administrar los alquileres por su cargo judicial, dio mandato para que otros administraran sus inmuebles. Y replicó que la denuncia pretendía el acoso mediático. El escándalo capturó la atención de la prensa argentina, e incluso se llegó a debatir si la prostitución se ejercía en 3 o 6 de los departamentos. Finalmente todo derivó en una causa contra Zaffaroni por violación a la Ley de Profilaxis de las Enfermedades Venéreas. En cambio, la organización defensora de los derechos humanos nunca alegó ni “proxenetismo” ni “trata de personas”, que sí constituyen delitos penales.
Traigo a colación estos antecedentes porque así se podría entender mejor una larga parte del discurso que este día pronunció Francisco ante un grupo de juristas del mundo entre los cuales se encontraba justamentte Zaffaroni. Abajo se pueden leer los párrafos en cuestión. Claro que el Papa no se estaba refiriendo específicamente al juez ni a su pasado. Habló más en general a la corrupción como fenómeno. Pero, claro, sus palabras tan netas y descriptivas llevan a la reflexión. Sobre todo considerando que el pontífice todavía mantiene una muy cercana relación con Gustavo Vera, al cual recibió en Santa Marta apenas un par de semanas atrás.
Por lo pronto estas reflexiones no son nuevas en Bergoglio, él mismo las desarrollo hace muchos años, cuando vivió en Córdoba un “exilio forzado” entre 1996 y 1998. Ideas que fue desarrollando en los años siguientes, una coincidencia temporal con el ascenso al poder de los Kirchner en la Argentina. Primero Néstor y después Cristina forjaron un entorno político que les permitió mantenerse en el gobierno justamente a base de denostar y perseguir a todo aquel que les criticase. Un actitud propia del corrupto, según las palabras que el Papa Francisco pronunció este jueves.
Los pensamientos del todavía padre Bergoglio surgieron como consecuencia de una historia desgarradora, que conmocionó a la Argentina: El salvaje asesinato de la jóven María Soledad Morales a manos de los “hijos del poder” de Catamarca, una provincia del norte del país. Los mismos se terminaron convirtiendo en el libro “Corrupción y pecado”, publicado en Argentina en 2005 y en otras partes del mundo en 2013, a raíz de su elección como Papa.
SOBRE EL DELITO DE CORRUPCIÓN
Papa Francisco ante juristas / 23 de octubre de 2014
La escandalosa concentración de la riqueza global es posible a causa de la connivencia de los responsables de la cosa pública con los poderes fuertes. La corrupción es ella misma también un proceso de muerte: cuando la vida muere, existe corrupción.
Existen pocas cosas más difíciles que abrir una brecha en el corazón de un corrupto: “Así es de quien acumula tesoros para sí y no se enriquece en Dios”. Cuando la situación personal del corrupto se vuelve complicada, él conoce todas las escapatorias para escapar como hizo el administrador deshonesto del evangelio.
El corrupto atraviesa la vida con los atajos del oportunismo, con el aire de quien dice: “Yo no fui”, llegando a interiorizar su máscara de hombre honesto. Es un proceso de interiorización. El corrupto no puede aceptar la crítica, descalifica quien la hace, busca disminuir a cualquier autoridad moral que pueda ponerlo en discusión, no valora a los demás y ataca con el insulto a cualquiera que piensa en modo distinto. Si las relaciones de fuerza lo permiten, persigue a cualquiera que lo contradiga.
La corrupción de expresa en una atmósfera de triunfalismo porque el corrupto se cree un vencedor. En ese ambiente se pavonea para disminuir a los otros. El corrupto no conoce la fraternidad o la amistad, sino la complicidad y la enemistad. El corrupto no percibe su corrupción. Ocurre un poco lo que sucede con el mal aliento: difícilmente quien lo tiene se da cuenta, son los demás los que se dan cuenta y tienen que decírselo. Por tal motivo difícilmente el corrupto podrá salir de su estado por remordimiento interno de la conciencia. La corrupción es un mal más grande que el pecado. Más que perdonado, este mal debe ser curado.
La corrupción se volvió natural, al punto de llegar a constituir un estado personal y social ligado a la costumbre, una práctica habitual en las transacciones comerciales y financieras, en las licitaciones públicas, en toda negociación que involucre agentes del Estado. Es la victoria de las apariencias sobre la realidad de la insolencia impúdica sobre la discreción honorable.
Empero, el señor no se cansa de tocar a las puertas de los corruptos. La corrupción no puede nada contra la esperanza.
¿Qué puede hacer el derecho penal contra la corrupción? Son ya muchas las convenciones y tratados internacionales en materia y han proliferado las hipótesis de delito orientadas a proteger no tanto a los ciudadanos, que en definitiva son las víctimas últimas –en particular los más vulnerables-, cuanto a proteger los intereses de los operadores de los mercados económicos y financieros.
La sanción penal es selectiva. Es como una red que captura sólo los peces chicos, mientras deja los grandes libres en el mar. Las formas de corrupción que se necesita perseguir con la mayor severidad son aquellas que causan graves daños morales, sea en materia económica y social –como por ejemplo graves fraudes contra la administración o el ejercicio desleal de la administración- como en cualquier obstáculo interpuesto al funcionamiento de la justicia con la intención de procurar la impunidad por las propias fechorías o por las de terceros.
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