“Las familias –afirma la plataforma Sexual Rights Initiative (SRI)– perpetúan la opresión patriarcal, las tradiciones y prácticas dañinas, y en su seno tienen lugar violaciones de los derechos humanos (la violación marital, el abuso infantil, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos y tempranos, la violencia vinculada al matrimonio, los asesinatos “de honor” y otras formas de violencia doméstica)”.
El pataleo es entendible. Es su reacción y la de algunas otras organizaciones a la aprobación, en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, de la Resolución L.25, sobre “Protección a la familia”.La resolución destaca que la familia incide positivamente en la disminución de las tasas de abandono escolar, la promoción de las mujeres y las niñas, y la protección contra la violencia de distinto orden.
El texto, patrocinado por países en desarrollo de África, Asia y América Latina (más China y Rusia), y aprobado por 29 votos contra 14, se sometió a consideración de los miembros del CDH a principios de julio, con enunciados que no pretenden más que reflejar la realidad y las necesidades de atención especial por parte de la institución familiar. Así, le reconoce a esta su carácter de “grupo fundamental de la sociedad” y una “responsabilidad primordial” en la crianza y la protección de los niños, al tiempo que observa “con preocupación” cómo su contribución social y en el logro de los objetivos del desarrollo sigue siendo conscientemente ignorada.
En otro momento, la resolución declara que la familia debe ser protegida por el Estado, e insta a los países a crear un entorno propicio para fortalecerla y apoyarla, toda vez que su bienestar redunda en el de toda la sociedad, y se evidencia su impacto positivo en la disminución de las tasas de abandono escolar, la promoción de las mujeres y las niñas, la protección contra la violencia, los abusos y la explotación sexual, etc.
No habría que añadir mucho más, pues la positiva incidencia de la familia está más que establecida y aceptada.
Aceprensa
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