El secretario general de la Conferencia Episcopal subraya que la Iglesia es la institución más antigua de España y “no puede ser excluida”.
José María Gil Tamayo compareció ayer ante los medios de comunicación tras la reunión de la Comisión permanente de obispos. A preguntas de los periodistas sobre el acoso a la educación concertada por parte de algunos gobiernos autonómicos PSOE-Podemos, el secretario general de la Conferencia Episcopal fue contundente: “Es un derecho constitucional y, además, ahorra al Estado 2.850 millones de euros”.
PSOE, Podemos incluso Ciudadanos, plantean la progresiva reducción de los conciertos a los colegios católica. Gil Tamayo insistió en la rentabilidad de “estos centros de iniciativa social, que ahorran dinero también a los contribuyentes. Hay 2.601 centros católicos, de los cuales, 2.453 son concertados; existen 60.133 aulas, y de éstas, 324 son de educación especial, y hay más de 70.000 alumnos inmigrantes en estos colegios. Además, trabajan más de 123.000 personas. Son palabras mayores.”
Estas cifras están contrastadas y recogidas en la última Memoria de la Conferencia Episcopal. En total, en los centros concertados estudian 1,4 millones de alumnos. Esta es una de las razones por las que los obispos piden a los gobernantes un gran pacto “que despeje de cargas ideológicas la educación y nos haga salir de vaivenes en función del gobierno de turno”. En este pacto se incluye también el derecho de las familias a la clase de religión.
En este sentido, insistió en que la educación concertada no es un privilegio de la Iglesia católica, sino “una fórmula acertada que hace factible el derecho de los padres a la educación de los hijos. Hay que tener respeto a las cosas que funcionan bien”.
Pleno respeto a la libertad religiosa
Preguntado también por el pacto PSOE-Ciudadanos y la revisión de los acuerdos con la Santa Sede, Gil Tamayo pidió “pleno respeto a la libertad religiosa de todos”, pero matizó que en España no hay persecución religiosa, y mostró su confianza en la sociedad y en la constitución. “Las leyes deben amparar el ejercicio de la libertad religiosa tal y como hacen todos los países democráticos”, señaló.
Sobre el panorama político, la Conferencia Episcopal confía en que se llegue a una “estabilidad de gobernabilidad” y manifiesta su deseo de “concordia entre los españoles. Llevamos siglos de convivencia pacífica. La Iglesia es la institución más antigua de España y no puede ser excluida”.
Volvió a recodar que los acuerdos entre Iglesia-Estado “han dado buen resultados y no son privilegios a la Iglesia Católica. El concordato terminó en 1979. Estos acuerdos además amparan los derechos de las distintas confesiones religiosas”.
Problemas sociales
Por último, Gil Tamayo aludió a otros problemas sociales, como el de los refugiados. “No podemos permanecer en un egoísmo colectivo. La Iglesia es servidora de los pobres, y es necesario un gran pacto social contra la pobreza, instaurar modelos de consumo más sostenibles y desarrollar programas contra el desempleo juvenil”.
religionconfidencial.com
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