Los detractores de la enseñanza concertada argumentan que la menor financiación pública de estos centros se debe sobre todo a su propia política de selección de alumnos: al disuadir a los más desaventajados mediante ciertos criterios de admisión o el pago de cuotas, renuncian a la inversión pública que estos estudiantes requieren. Desde el otro lado alegan que no pueden atenderlos porque no reciben el dinero necesario.
En la Comunidad Valenciana, el ejecutivo ha aprobado retirar la subvención para algunas líneas (grupos dentro de un curso) ya existentes, y denegarla a otras nuevas. El consejero de Educación ha explicado que la decisión se debe únicamente a criterios de demanda, y ha señalado el bajo crecimiento demográfico como una de las causas. Sin embargo, desde los colegios afectados no se entiende que al mismo tiempo se proyecte crear más aulas en el sistema público. De ahí que el anuncio se haya percibido como una ofensiva contra todo el sector concertado.
La financiación de la concertada también ha sido motivo de debate en Castilla-La Mancha. A principios de febrero, los dos partidos que gobiernan en coalición (PSOE y Podemos) anunciaron un acuerdo para los presupuestos regionales que incluía “congelar” las asignaciones a estos centros para este año (lo que supone no aprobar ninguna petición nueva), e ir reduciéndolas progresivamente en los siguientes.
aceprensa
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