La protección de la libertad religiosa se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la Iglesia católica en Estados Unidos.
Los obispos han convocado por cuarto año consecutivo la Quincena por la Libertad, una campaña que busca proteger el derecho de cualquier ciudadano a trabajar por el bien común de acuerdo con sus creencias religiosas.
Desde 2012, año de la primera convocatoria, el objetivo de esta campaña ha sido siempre el mismo: denunciar las leyes y las políticas del gobierno que impiden a las personas o a las instituciones (hospitales, escuelas, universidades, organizaciones benéficas…) actuar de acuerdo con su ideario.
Los problemas vienen, básicamente, de dos frentes. El primero es la norma del Ministerio de Sanidad que obliga a los empleadores –al principio, también a los de las instituciones de inspiración religiosa– a financiar a sus empleadas un seguro sanitario con anticonceptivos, píldora del día siguiente y esterilización.
Pero el “mandato anticonceptivo”, como se le conoce popularmente, sufrió un fuerte revés cuando el Tribunal Supremo sentenció hace un año que la obligación de financiar esos servicios imponía a los dueños de las empresas familiares “una carga excesiva al ejercicio de la religión”.
Tras los últimos retoques al mandato, las instituciones de inspiración religiosa ya no están obligadas a financiar ni ofrecer un plan de seguros con métodos anticonceptivos pero sí a garantizar que sus empleadas tienen acceso a ellos sin coste adicional. Para lograrlo, han de comunicarlo a una aseguradora, que pagará esos servicios. Lo que, a su juicio, las convierte en “cómplices morales”.
La moral de Estado justifica la discriminación
El segundo frente son las leyes que imponen restricciones a la libertad religiosa escudándose en la lucha contra la discriminación. Aquí la casuística es muy variada, pero casi siempre se trata de asuntos de alto voltaje ideológico como la educación, la sanidad y el matrimonio.
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