Embajador de Portugal:Do you think you could tell us about your attitude to the transference of the missions' territories?
Embajador de España:Precisely.
Cardenal:I have kept these matters in the front of my mind ever since I came here. But I do not think I should make a final decision until I have seen these misión territories with my own eyes.
Esta intensa y magistral escena de La Misión me viene a la mente en el comienzo de este post. Acerca del proceso nacionalista, yo también he guardado mis opiniones en mi interior. Sinceramente, sentía gran reticencia a manifestar mis posiciones acerca de cuestiones políticas.
Pero hay una cuestión en la que como pastor no puedo guardar silencio sin faltar a mis obligaciones. ¿Es lícito que los políticos de un territorio declaren la independencia de ese territorio si la mitad exacta de la población está a favor de la independencia y la otra mitad no?
La respuesta categórica, rotunda y tajante es NO. Cierto que el bloque independentista suma el 47,5% de los votos y el constitucional (sin incluir a Podemos), el 52,1%. Es decir, que hay más catalanes a favor de permanecer en España que los que no lo desean. Pero eso no tiene excesiva importancia. Aunque los nacionalistas fueran el 51%, la respuesta acerca de la licitud seguiría siendo “no”. Los independentistas deben reconocer que carecen de una mayoría suficientemente amplia. Los países no se dividen cuando el 51% del electorado desea la independencia. La creación de un nuevo país imponiendo la voluntad de una mitad de la población sobre la otra mitad jamás puede salir bien.
Las urnas han sido claras: Cataluña está dividida. Son más los catalanes a favor de permanecer en España. Puede haber todo el diálogo que se desee, pero no cabe conceder más funciones al estado autonómico: se han concedido todas las posibles ya. Llega un momento en que únicamente queda por conceder la independencia.
Dada toda la situación, veo moralmente ilícito que los políticos independentistas sigan tratando de imponer su agenda a pesar del 52% de los votantes. ¿Entonces qué? Solo hay una posibilidad: la Ley debe imperar. El Derecho de una nación no ruega su cumplimiento. Su cumplimiento se impone a las autoridades y al mismo Pueblo.
Nada hay más peligroso para una nación que se ponga en cuestión el imperio de la Ley. Y es tanto más peligroso cuanto que hay millones de personas que están dispuestas a saltarse el orden constitucional. Esta situación resulta explosiva. Si en el futuro hay represión policial, los unos dirán que la violencia callejera es fruto de esa represión. Y el Estado dirá que la represión es consecuencia de esa violencia. Así podemos estar discutiendo durante diez o veinte años.
Por eso, antes de que suceda algo que prenda la mecha, hay que dejarlo muy clara la cuestión de la licitud en el orden moral: la situación de indeterminación institucional debe ser cortada por lo sano desde el Estado. La Ley debe aplicarse a cualquier coste. La opción contraria, a la larga, resultará más dolorosa.
Desde los resultados de ayer por la noche, nadie podrá decir que el Estado impone su fuerza sobre los catalanes. Las fuerzas de seguridad defienden el orden constitucional en un territorio en el que un grupo de políticos (refrendados por el 47% de los catalanes) quiere imponer su voluntad sobre el 51% de los catalanes.
Por lo tanto, el cumplimiento del Derecho no se dialoga. La ley obliga a toda autoridad. Y, por lo tanto, el gobierno (tanto nacional como autonómico) está sometido a la ley. La primacía de la ley sobre cualquier otro principio gubernativo debe ser entendida por todos los ciudadanos. Pero incluso, aunque no entiendan esa primacía o no la quieran acatar, les obliga igualmente. Les obliga tanto si quieren acatarla como si no.
Ésta no es una lucha de la libertad frente al Gobierno de España, ni de Cataluña frente a Madrid, ni de la autodeterminación frente a un poder tiránico. Las urnas han hablado: de nuevo son más los catalanes que no quieren seguir adelante por el camino de la división.
En una democracia, si es verdadera, las masas populares no están por encima del ordenamiento jurídico. Fuera del imperio de la Ley, el caos.
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