¿Qué cambiaría en los debates sobre las pensiones, la deuda pública o la protección del medio ambiente si las generaciones futuras estuvieran presentes? Con esta pregunta en mente, varias organizaciones privadas, ayuntamientos y gobiernos nacionales están impulsando la figura de un representante que hable en nombre de quienes están por venir.
La preocupación por el impacto de las decisiones políticas en las generaciones venideras empezó a cristalizar en los textos internacionales de la mano del principio del desarrollo sostenible, definido en 1987 por el Informe Brundtland (Nuestro futuro común) como aquel “que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”.
El desarrollo sostenible y la equidad entre generaciones son las coordenadas básicas del movimiento a favor de las generaciones futuras
Este informe, elaborado a petición de la ONU por una comisión presidida por la ex primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, expresó con una frase feliz una de las quejas del movimiento a favor de introducir la perspectiva a largo plazo en la política: “Actuamos como si pudiéramos salirnos con la nuestra: las generaciones futuras no votan, no tienen poder político ni financiero, no pueden oponerse a nuestras decisiones”.
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