Unas palabras de la ministra de Educación sobre los límites del derecho de los padres a escoger el colegio de sus hijos, pronunciadas en el reciente Congreso de Escuelas Católicas de España, han devuelto a los titulares el debate sobre la enseñanza concertada.
Analizadas literalmente, las declaraciones aludían simplemente a la cuestión jurídica de si el citado derecho de las familias emana expresamente de la Constitución o más bien depende de lo que diga la ley educativa de cada momento.
Sin embargo, de fondo subyace otro debate más polémico y menos técnico: el gobierno actual, que parece concebir la enseñanza concertada como un complemento subsidiario de la pública y no como una alternativa en pie de igualdad, ha mostrado su intención de cambiar la norma vigente para eliminar la referencia a la “demanda social” –de los padres– como criterio para diseñar la oferta de plazas escolares. En la práctica, tal enmienda significaría que solo se concederán conciertos educativos cuando los centros estatales no puedan cubrir las “necesidades educativas” (ya no se podría hablar propiamente de demanda).
La segregación social en los colegios concertados se debe principalmente a las zonas donde están; por eso también hay segregación en la red escolar pública.
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aceprensa.com
Juan Ramón Domínguez Palacios
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