En el “Diario Oficial de Galicia” del miércoles 4 de noviembre de 2020 el Presidente de la Xunta, entre otras medidas, dispone “limitaciones a la permanencia de personas en lugares de culto”. Como máximo, cincuenta personas, sin poder utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública para la celebración de los actos de culto.
No obstante, el límite máximo previsto será de veinticinco personas en algunos ayuntamientos y ámbitos territoriales. Entre estos, las principales ciudades gallegas. Vigo, una de ellas.
Es decir, en la Misa, sea diaria o dominical, no puede permitirse un aforo que supere las 25 personas. Da igual que el templo tenga capacidad para cuatrocientas o quinientas. 25. Solo 25. Y eso que esas mismas disposiciones advierten que “las limitaciones previstas en los puntos anteriores no podrán afectar en ningún caso al ejercicio privado e individual de la libertad religiosa”.
Yo no sé qué idea tienen nuestros gobernantes sobre la “libertad religiosa”. Que en ningún caso, al menos para un católico, puede restringirse al “ejercicio privado e individual”. Somos la Iglesia de Jesucristo; somos congregación, comunidad, comunión.
No se podrá decir que la Iglesia Católica en España no ha sido solidaria y responsable a la hora de abordar la crisis del coronavirus. En las parroquias hemos obedecido en todo: gel hidroalcohólico, mascarillas, desinfección. Hemos compartido los momentos duros del confinamiento de marzo y abril sin ninguna queja, a pesar de lo doloroso de las medidas entonces adoptadas.
Pues, sin explicación de ningún tipo, hemos de limitarnos a admitir solo a 25 personas. ¿El motivo? No se sabe. No parece que las iglesias católicas hayan sido un sector que haya propiciado el contagio del coronavirus. No se ha aportado ninguna prueba en esa línea.
Las grandes superficies comerciales pueden permitirse, en algún caso, un aforo de 9.000 personas y los templos de nuestras ciudades – incluso los más grandes – solo de 25. No estaría mal que los gobernantes motivasen, basados en datos reales, el sentido de sus normas. Si no lo hacen, parecerán arbitrarias.
La reducción del aforo en la participación de la Santa Misa hace que los párrocos nos veamos obligados en la práctica, por imperativo legal, a pedirles a los feligreses que no vengan a Misa. O que vengan solo 25. Nos convierte, esta medida, a los párrocos en una especie de policías que han de velar por el cumplimiento de una norma que consideramos injusta y desproporcionada.
O se confina todo o no se confina nada. Y si se confina algo, habrá de estar motivado por razones serias y claras. ¿Hay contagios en las iglesias, sí o no? Si, como parece, no los hay, o no de modo significativo, no puede ser que se limite la asistencia de esta manera.
Cabría, por causas muy graves, limitar el aforo en un porcentaje razonable. Reducirlo a 25 personas es, o lo parece, absurdo, injusto y un abuso de autoridad.
Guillermo Juan Morado.
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