Sacerdotes Católicos

Hace nueve meses, solo el miedo y la muerte recorrían las calles de Wuhan. A toda velocidad, lo hacían a bordo de las ambulancias y furgonetas de las funerarias que cruzaban entre la niebla los majestuosos puentes sobre el río Yangtsé. Ocultas tras fantasmagóricos trajes especiales de protección, se enseñoreaban de esta megalópolis del centro de China que, de la noche a la mañana, se había quedado desierta. Con la misma furia con que vaciaban las avenidas bajo sus rascacielos de vértigo, desbordaban los hospitales con enfermos de una misteriosa y letal neumonía que se propagaba como la peste. Hace nueve meses, en Wuhan solo campaban a sus anchas la muerte y el miedo que había traído de no se sabe dónde un nuevo coronavirus.

Hoy, por las calles de Wuhan se ve cada vez más gente sin mascarilla, los atascos vuelven a colapsar el tráfico, los mercadillos y restaurantes están llenos y las mujeres bailan en las plazas al atardecer. Mientras el coronavirus marca su máximo de contagios diarios en Estados Unidos y obliga a imponer restricciones en Europa, en China se respira una normalidad especialmente asombrosa en el epicentro de la pandemia: Wuhan. Tras su confinamiento estricto de 76 días, del 23 de enero al 8 de abril, esta ciudad de once millones de habitantes lleva desde antes del verano sin informar de contagios locales y la vida ha vuelto a su rutina de cada día.

Bajo un agradable sol de otoño, los abuelos juegan a las damas chinas y cantan bajo el Primer Puente sobre el Yangtsé mientras un grupo de mayores cruza a nado el río emulando a Mao. Al anochecer, los rascacielos se iluminan con colores y figuras de médicos y enfermeras para agradecer su esfuerzo durante la epidemia y dar ánimos a los vecinos de Wuhan.

«Cumplimos las normas»

«El Gobierno nos dijo que nos quedáramos en casa y, como los chinos estamos muy unidos y amamos a nuestro país, cumplimos las normas. En ese periodo, tuvimos mucha paciencia para no salir de casa. Además, en cada edificio había muchos voluntarios que nos ayudaban y traían comida. Aunque la epidemia nos trajo un gran sufrimiento y muchos perdieron a sus seres queridos, nos enseñó también a amar a la familia y cuidar a los demás», explica con una sonrisa de oreja a oreja Li Na, profesora de unos 30 años, en el Primer Puente sobre el Yangtsé. Con las espectaculares vistas que ofrece este icono de la ciudad, le hace fotos a su madre y su hijo, quien intenta que no se le vuele un globo verde con forma de dinosaurio. «Las medidas del Gobierno fueron rápidas y efectivas, lo que nos ayudó a salir pronto de la epidemia», alaba agradecida, pero también reconoce que «había incertidumbre porque se trataba de un virus nuevo y es normal que eso ocurra cuando te enfrentas a algo por primera vez».

Debido a la catástrofe que el coronavirus ha desatado en todo el planeta, el Partido Comunista está legitimando su régimen autoritario como un modelo de eficacia frente a la imparable sangría que sufren las democracias occidentales. Al comparar los nuevos confinamientos y casos disparados con la normalidad que reina en su país, los chinos se olvidan del desastre de las primeras semanas, que disculpan como simples «fallos». Entre ellos, las autoridades ocultaron que los primeros casos se remontaban al 17 de noviembre, según registros oficiales vistos por el periódico «South China Morning Post», no reconocieron hasta el 20 de enero que el virus se contagiaba entre humanos y, lo más grave, silenciaron a los médicos que alertaban de la nueva enfermedad. Todo ello sin contar, por supuesto, que todavía no se sabe dónde se originó el coronavirus: si en el mercado de animales de Huanan, cuyas vallas han sido decoradas con pinturas de paisajes chinos y plantas para borrar su infausto recuerdo, en el cercano Centro de Control y Prevención de Enfermedades o en el superlaboratorio P4 a las afueras de la ciudad. Aunque la mayoría de los científicos creen que el coronavirus es de origen natural y procede de los murciélagos, algunas teorías de la conspiración apuntan a estos dos últimos lugares y la opacidad del régimen chino no ayuda a aclarar las dudas.

Pero de nada de eso se habla ya en Wuhan. Tan desconcertante amnesia colectiva salta a la vista en una exposición de la propaganda donde se ensalza más la respuesta del presidente Xi Jinping que la labor de los sanitarios como el doctor Li Wenliang, el oftalmólogo reprendido por la Policía que luego falleció por coronavirus. Obviando ese pequeño detalle, pero no que pertenecía al Partido Comunista, solo hay una foto suya en un altar con 14 «héroes» caídos en acto de servicio a los que se les pueden poner flores virtuales.

«Al principio se ocultó información para no crear pánico. Pero luego, cuando el Gobierno se dio cuenta de la seriedad del problema, actuó rápido», justifica un estudiante de 22 años apellidado Zhang, quien pertenece a las Juventudes Comunistas y viene con una excursión de la Universidad Huazhong de Ciencia y Tecnología. Una de sus compañeras, apellidada Yang y también del Partido, asegura que «no fue culpa de la Policía, que simplemente hizo su trabajo para que no hubiera caos». A su espalda, los grupos de estudiantes y funcionarios que visitan la exposición se hacen fotos con la bandera roja de la hoz y el martillo. «En la epidemia, China lo ha hecho mejor que las democracias de Occidente porque allí hay distintos partidos que compiten por el poder», señalan ambos jóvenes, que refuerzan su argumento con el refrán «Tres cocineros estropean una sopa». Para ellos, «si hubiera más de un partido en China, el país se rompería».

Propaganda y censura

Con la batalla del relato ganada por la propaganda y la censura, otra lucha igual de importante es la recuperación económica. Para incentivar el consumo, los supermercados lanzan promociones que atraen largas colas de amas de casa y jubilados, como regalar huevos y papel higiénico por compras superiores a los 88 y 188 yuanes (12 y 24 euros). En el otro extremo, las marcas de moda de la famosa calle Han, que no desentonaría en el centro de una capital europea, ofrecen grandes descuentos para llenar de gente joven sus tiendas de Zara y Uniqlo.

Beneficiada por una corriente solidaria, Wuhan se ha convertido en un popular destino turístico y sus hoteles están al 80 por ciento de ocupación. Pero, según nos cuentan en la Pagoda de la Gruta Amarilla, su monumento más conocido, la mayoría de turistas vienen de la misma provincia de Hubei, más que de otros lugares de China. Para cumplir con el límite de aforo por el coronavirus, hay que reservar la entrada por internet. Aun así, las escaleras para subir hasta la última planta de la pagoda están llenas y los fines de semana recibe hasta 30.000 personas. ¡Habría que verla en circunstancias normales!

En el frente sanitario, los ambulatorios ya están apuntando a la gente que quiera ponerse la vacuna contra el coronavirus. Aunque todavía no se sabe cuándo empezará a inocularse, se espera que sea antes de fin de año.

Las autoridades chinas aseguran que ya se la han administrado de emergencia a cientos de miles de médicos, funcionarios y militares, pero la doctora Xu, del Hospital Número 7, admite que ni ella ni ninguno de los compañeros que conoce en otros centros la han recibido. «La vacuna viene, la cuestión es cuándo. Hasta ahora no tenemos información», se encoge de hombros. Protegiéndose con dos mascarillas y un gorro de plástico para el pelo, confiesa que tuvo «mucho miedo durante el pico de la epidemia, pero los médicos sabemos cómo protegernos. Aunque hubo compañeros que se contagiaron, afortunadamente todos se recuperaron».

El test PCR, a 17 euros

Para ella, la clave del control del coronavirus en Wuhan fue «la colaboración entre el Gobierno, los hospitales y la sociedad. Si las autoridades le dicen a la gente que hay que llevar mascarilla y quedarse en casa, todo el mundo lo cumple». Con orgullo, afirma que «es una cuestión de responsabilidad social porque los chinos tenemos espíritu de sacrificio».

Aunque oficialmente no se registran casos nuevos en Wuhan y ella no ha oído que haya infecciones, se siguen haciendo pruebas del ácido nucleico para quienes las necesiten por motivos laborales o para viajar al extranjero. Con el resultado entre tres y 24 horas, un test PCR cuesta 132 yuanes (17 euros) y, si incluye el análisis de anticuerpos, 272 yuanes (35 euros). Para este otoño e invierno, la amable doctora Xu recomienda «no bajar la guardia porque el virus es algo vivo y puede estar en cualquier parte». A su juicio, «la mayor protección es llevar mascarilla, además de lavarse con frecuencia las manos, no tocarse la cara y evitar las aglomeraciones».

Ajenos a sus consejos, los habitantes de Wuhan siguen abarrotando los humeantes puestos de comida callejera hasta que el frío, o una nueva epidemia, lo impida. Acostumbrados ya a las tristes imágenes que vienen de Europa, sorprende ver que nadie lleva mascarilla en los gimnasios. El mismo panorama se aprecia en las pachangas de baloncesto que los jóvenes juegan al atardecer en la Universidad Textil. Al terminar, acuden sedientos a la bodeguilla que desde hace veinte años regenta Wu Xiaochang, un antiguo militar. «¡Ya casi nos hemos recuperado!», exclama con bastante modestia, pero sin mascarilla para que se vea bien grande su sonrisa.

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Para algunas mentes, toda acción de Donald Trump durante su presidencia era por definición equivocada y casi siempre inmoral. No hacía falta mayor comprobación o análisis. Al igual que en las rencillas ancestrales entre familias o entre aldeas, o en ciertos fanatismos religiosos (o antirreligiosos), todo lo que proviene del «otro» es necesariamente malo.

Así reaccionó una gran parte del Partido Demócrata, y cierta prensa, cuando Trump designó a Amy Coney Barrett como magistrada del Tribunal Supremo, para cubrir la vacante dejada por el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg. Como nada bueno podía venir de Trump, era preciso descalificar a la candidata. Entre otros, se utilizaron dos argumentos de fondo. Primero, que era políticamente conservadora. Segundo, que era católica practicante

 y, para colmo, joven (nacida en 1972). De manera que su nombramiento engrosaría la mayoría conservadora del Tribunal Supremo durante largos años, en detrimento de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer (en especial el derecho al aborto), y de los derechos de la comunidad LGTBQ.

Frente a esa crítica basada en la falta de pureza de sangre (ideológica), creo que la nueva magistrada debe ser valorada por sus actos, con independencia de la opinión que nos merezca el presidente que la propuso. Dejo ahora de lado la pretendida superioridad moral -que recuerda ciertos planteamientos patrios- con la que el Partido Demócrata se arroga implícitamente el monopolio de la defensa de los derechos fundamentales («nosotros o la catástrofe»). Pero llama la atención que sus argumentos se redujeran a arrojar una sombra de sospecha por razones ideológicas, y no jurídicas. Como dando por sentado que los altos tribunales están al servicio de una posición política; una notable aberración que resulta familiar también en algunos círculos políticos españoles.

Desde luego, habría sido un error negar la competencia de Barrett como jurista y su imparcialidad como juez: se ha ganado el respeto de todos en los diversos trabajos que ha desempeñado, incluidos sus últimos tres años como juez federal de apelación. Pero es que, además, nada en la trayectoria ni en las ideas de la nueva magistrada hace pensar en que su labor judicial quedará a expensas de sus convicciones políticas o morales. De hecho, siempre ha defendido lo contrario.

En primer lugar, su conservadurismo no es tanto político como jurídico. Pertenece a una corriente de pensamiento llamada «originalismo», popular entre los constitucionalistas norteamericanos, según la cual los tribunales deben interpretar la Constitución conforme a su significado originario. Es decir, sin dejarse llevar por una concepción anacrónica o «actualizada» de los valores morales que pueden supuestamente identificarse en el texto constitucional. Para Barrett, esto implicaría dar a los jueces el poder de imponer a los demás ciudadanos su personal concepción de los valores; y en una sociedad democrática, los juicios de valor que se materializan en ley corresponden al pueblo, representado en el Parlamento. No es función de los tribunales suplantar al legislador o diseñar políticas públicas, sino trazar líneas rojas que separan lo legítimo de lo ilegítimo. De hecho, las críticas de Barrett a la famosa sentencia Roe v. Wade, de 1973, proceden no tanto de su oposición al aborto por razones morales, sino de que en esa sentencia el Supremo actuó como legislador, inventándose y regulando con detalle un derecho constitucional al aborto que no existe en la Constitución.

Por otro lado, resulta chocante presumir que la nueva magistrada, por su condición de católica, no está capacitada para el cargo. Esa afirmación va contra la Constitución norteamericana, que, precisamente para evitar esos prejuicios, prohíbe utilizar criterios religiosos en la selección de servidores públicos. Y, sobre todo, parece ignorar las cualidades que requiere el ejercicio de la judicatura.

Los jueces no son autómatas, son seres humanos con conciencia. Ser un buen juez -como en general un buen servidor público- no sólo no es incompatible con tener firmes convicciones éticas, sino todo lo contrario. De ahí que no deban olvidar esas convicciones cuando interpretan y aplican la ley (o la Constitución). Es una de las lecciones de los juicios de Nüremberg contra altos jueces y funcionarios de la administración de justicia bajo el régimen nazi: su deber de obediencia a la ley no les excusaba de su obligación moral de resistencia frente a lo notoriamente injusto e inhumano. Es también, salvando las distancias, el tema de fondo del debate sobre la responsabilidad de los francotiradores del ejército de Alemania Oriental que, siguiendo órdenes, disparaban a matar a quienes intentaban saltar el Muro de Berlín para escapar del «paraíso comunista».

Quien haya leído el trabajo de Barrett sobre el conflicto de conciencia que deriva de la imposición de la pena de muerte sabe de su coherencia jurídica y ética en estos temas. El sometimiento a la ley es intrínseco a la labor judicial, pero preservar la propia conciencia moral -antes que juez se es persona- está por encima de la obediencia a una ley inhumana. Por eso, sostiene que un juez católico no puede sentenciar a la pena máxima a un condenado a muerte en un proceso penal; podrá intervenir en otras fases de proceso, pero deberá abstenerse en el acto mismo de sentenciar.

En el fondo, lo que a algunos molesta de Barrett no es que tenga conciencia, sino que sus creencias y valores éticos no se corresponden con el arquetipo oficial de ese lobby ideológico que declara tener el monopolio del feminismo. Y, si algo aparece claro en el itinerario vital de Amy Barrett, es su ejemplo de cómo una mujer es capaz de realizar libremente un exitoso proyecto de vida, tanto en lo profesional como en lo personal.

La nueva magistrada del Supremo fue confirmada por el Senado el 26 de octubre. Resulta irreal pensar que hubiera sido una marioneta de Trump o que vaya a convertirse en adalid de las políticas del Partido Republicano. Junto a su indiscutida calidad como jurista, su historia revela que entre sus prioridades están la integridad, la coherencia, el diálogo o la ponderación; pero no el clientelismo o la docilidad al poder. Además, su independencia viene facilitada por el nombramiento de por vida: a los magistrados del Supremo sólo los retira la muerte, la voluntad propia o una moción de censura en ambas cámaras (sólo ha habido una en la historia, en 1805, y además no prosperó). Y si lo anterior no fuera suficiente, es la única entre los actuales miembros del Supremo que no se graduó en Harvard o Yale (viene de Notre Dame); sólo eso ya bastaría para mirarla con simpatía, por aquello de la diversidad y ampliar horizontes.

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Javier Martínez-Torrón es catedrático de la Universidad Complutense
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