La ley recién aprobada por el Parlamento francés para combatir contenidos ilícitos en Internet –terrorismo, incitación al odio, pornografía infantil– es similar a la alemana pero más dura. Exige de las plataformas respuesta inmediata a las denuncias, sin control judicial.
Los críticos alegan que restringe la libertad de expresión por vía administrativa y fomenta la autocensura. Existe malestar contra las fake news, la manipulación informativa, las mentiras… a veces procedentes de quienes se escandalizan del fenómeno, ciertamente agudizado gracias a Internet.
Los políticos reaccionan promoviendo reformas jurídicas –incluso penales– que pueden acaban creando problemas sin aportar de hecho soluciones: leyes que limitan la libertad de expresión, pero son incapaces de reducir la malicia; no evitan la mentira, sino solo provocan la censura externa o la autocrítica íntima de los informadores, tanto los profesionales como los ciudadanos.
Con demasiada frecuencia, lo “políticamente correcto” se transforma en “políticamente impuesto”. Se ha repetido que las redes sociales nacieron para fomentar la convivencia y la intercomunicación, pero han favorecido también una cultura de excesivos odios y simplificaciones, que reafirman las propias convicciones mientras niegan radicalmente las ajenas, sin espacio para la discusión. El prejuicio se impone a la razón. Y muchos no están dispuestos a pagar el precio de exponer las propias convicciones, si chocan con minorías activas y agresivas.
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